OBJETIVO DEL GOBIERNO: REDUCIR LAS 500 MUERTES ANUALES DE PEATONES, CICLISTAS Y MOTORISTAS

 

Cada año 500 personas –peatones, ciclistas y motoristas– se dejan la vida en los siniestros que se producen en las ciudades españolas

Es una cifra constante a lo largo de los últimos diez años a la que el Gobierno quiere ahora atacar de forma directa y eficaz, de una forma especial. Para ello, va a reformar la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en todo lo relacionado con el permiso y la licencia de conducción por puntos para cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hay que recordar que ya hubo una tendencia a la baja en el número de fallecidos en el año 2019. Y es que, en 2019 hubo 1.098 fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras, 90 menos que en 2018, o lo que es lo mismo, un 7,6% menos.

Entre los cambios previstos en el Reglamento General Circulación se encuentra la modificación de la velocidad en las ciudades: 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación, 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido y 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada. Además, eleva de 3 a 6 los puntos que se restarán por conducir sujetando con la mano el móvil y de 3 a 4 no hacer uso del cinturón de seguridad, casco o sistema de retención infantil.

El Reglamento General de Vehículos define los vehículos de movilidad personal y prohíbe su circulación por vías interurbanas, travesías, aceras, túneles urbanos y autovías y/o autopistas que transcurran dentro de poblado y deberán disponer de un certificado de circulación. La reforma del Reglamento General de Conductores rebaja la edad exigible para acceder a conducir camiones y autobuses y establece la posibilidad de que personas con problemas asociados al sistema locomotor puedan acceder a dichos permisos de conducción.

 


Un grave problema con el móvil


Para Daniel Vosseler, abogado experto en la defensa de víctimas de accidentes de tráfico, “es un acierto equiparar desde el punto de vista administrativo la sanción de seis puntos del móvil a la de la alcoholemia, porque tenemos un grave problema con los accidentes que tienen lugar por distracciones al volante”.

Este experto también advierte que “hay un problema con el patinete y su velocidad que ahora se regula. El problema de siniestralidad es claro en las grandes ciudades y la norma no deja claro si además de ser un vehículo personal es un vehículo a motor. Si no es vehículo a motor no tendría compensación por el Consorcio de compensación de seguros en estos momentos. Ahora mismo tiene un tratamiento similar que el de cualquier bicicleta”.

En cuanto a la velocidad que se reduce en las ciudades, Vosseler cree que “es una aberración situar los 30 km/h en vías urbanas. Nadie va a cumplir el fin que va a cumplir la norma”. Desde su punto de vista, “los coches no están diseñados para este tipo de velocidades. Es antinatural y antifuncional. Detrás de esa norma hay un fin recaudatorio de primera magnitud. No creo que esta medida funcione en la práctica”.

Vosseler recuerda que se debe seguir trabajando en la dirección de mejora de nuestras carreteras e infraestructuras, “tenemos dos grandes problemas con las motos y los peatones que son los grandes focos de la siniestralidad y habrá que ver cómo abordar estas dos cuestiones para reducir los números existentes”.

Este jurista insiste en que “junto con estas medidas hay que potenciar la educación a nivel vial; junto a ello hay que recordar que se fabrican coches cada vez más seguros, con la tecnología más implicada en la circulación. La velocidad a 30 km/h no va a provocar la reducción de los siniestros en ninguna parte. Ni coches ni motos pueden ir a esta velocidad tan reducida”.

 


Reforma positiva pero incompleta

Manuel Castellanos, abogado y presidente de la asociación Anava-RC, hace una valoración positiva de las medidas implementadas por Tráfico y que irán entrando en vigor de forma progresiva en los próximos meses. “Hay que darse cuenta que el Gobierno con estas modificaciones sigue un mandato de la Unión Europea en la reducción de la siniestralidad y accidentes de tráfico, cuestión que beneficia a todos”.

Sin embargo, cree que la dinámica es peligrosa porque solo se basa en más sanciones, “se olvidan de que hay muchas carreteras como las secundarias que están en un mal estado y que la señalización está envejecida. Urge actualizar nuestras infraestructuras viarias, además de este endurecimiento sancionador que ahora llega con estas reformas legislativas”.

Esta jurista sostiene que la bajada de la velocidad en los tramos interurbanos es una buena idea, “ayudara a bajar la siniestrabilidad en atropellos y colisiones”.

Sobre el incremento de puntos que se detraen del carnet de conducir por el uso del móvil, Castellanos señala que “era algo esperado y muy necesario. Actualmente hay más siniestros por distracciones provocadas por el móvil y navegadores que por la alcoholemia. Esas distracciones son perseguibles como ahora se va a hacer de forma más intensa”.

Desde Anava-RC también se propuso en su día que delitos contra la seguridad vial, como es el de la alcoholemia, se despenalizara y fuera una retirada automática del carnet de conducir. “Solo penalizar las conductas graves y muy graves y el resto pasarlas a sanciones administrativas con la retirada del carnet de forma automática, de esa forma se descargarían los juzgados penales de estos temas de poca importancia”.

Otro tema que preocupa a estos abogados expertos en defensa de víctimas de tráfico es el patinete y su valoración en este entorno de reformas. “En la movilidad personal que engloba a estos artefactos hay que definir bien lo primero, lo que son los patinetes y si necesitan un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Con la normativa actual no es un vehículo a motor”, aclara este jurista.

Desde su punto de vista, “al no ser un vehículo a motor no tendría obligación de tener dicho seguro. Es importante tener claro lo que se quiere hacer y antes de legislar aclarar si es o no un vehículo a motor”.

En su opinión, “una forma de proteger a todos es que esos vehículos tuvieran un seguro obligatorio, pero para eso habría que considerarlos vehículo de motor. Hay un vacío legal que nos preocupa en estos momentos porque cuando cogen velocidad son un peligro, aunque vayan por la calzada”.

 


Fuente: Confilegal

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